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La OEA debatirá el jueves la creación de una comisión especial para buscar soluciones "pacíficas y sostenibles" a la situación en Nicaragua, donde decenas de personas murieron en las protestas que estallaron hace tres meses contra el gobierno de Daniel Ortega.
La iniciativa, impulsada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, será considerada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 2 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana, hora local, en la sede en Washington.
El proyecto de resolución necesita la mayoría simple de los 34 Estados miembro activos para ser aprobado.
"La Comisión Especial para Nicaragua coadyuvará el proceso de diálogo nacional, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización y otros actores regionales e internacionales", señala el texto publicado en el sitio web de la OEA.
Añadió que la comisión, que reportará mensualmente al Consejo Permanente, estará conformada a más tardar el 10 de agosto por delegados de cada grupo regional y de otros Estados miembros a ser designados por la Presidencia, actualmente ocupada por Costa Rica.
Ortega dijo el lunes en una entrevista con CNN que Nicaragua está volviendo a la normalidad después de multitudinarias manifestaciones, que han dejado 195 muertos según el gobierno y más de 300 según los grupos de derechos humanos.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, aseguró que Nicaragua vive una tercera fase de represión que se traduce "en un proceso intenso de criminalización de los manifestantes".
El martes, la agencia de refugiados de la ONU dijo que al menos 23.000 personas que huyen de la violencia en Nicaragua han buscado asilo en la vecina Costa Rica.
Panamá, México y Estados Unidos también registraron un aumento en las llegadas de nicaragüenses, dijo Acnur, que anunció una mayor presencia en la región.
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas manifestaciones violentamente reprimidas.
Los manifestantes exigen la renuncia de Ortega, que gobernó de 1979 a 1990 y volvió al poder en 2007, así como de su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, a quienes que acusan de instaurar una dictadura.
La OEA aprobó el 18 de julio una resolución que exhorta al gobierno de Ortega a acordar con la oposición un calendario para realizar elecciones anticipadas, y condena a "todos los actos de violencia" documentados por la CIDH, incluyendo los cometidos por la policía y grupos parapoliciales.
La OEA ya había condenado en su asamblea general en junio la violencia desatada en Nicaragua, pero sin responsabilizar al gobierno de Ortega por la represión.